El Gobierno argentino oficializó una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo encargado de la defensa jurídica del Estado, tras denuncias de filtraciones de información sensible en el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF. La medida, formalizada mediante el decreto 475/2025 y firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, implica la desvinculación de 60 empleados y la eliminación de áreas clave, como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Según fuentes oficiales, la decisión responde tanto a la necesidad de optimizar recursos y reducir el gasto público como a la sospecha de que empleados de la Procuración habrían vendido información confidencial a litigantes extranjeros, en particular al fondo Burford, que encabeza la demanda contra la Argentina en los tribunales de Nueva York. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido un fuerte hermetismo sobre los detalles de la investigación interna y no ha identificado públicamente a los presuntos responsables.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó los trascendidos sobre las filtraciones y subrayó que la reestructuración responde a un proyecto de largo plazo para eficientizar el funcionamiento del organismo. Por su parte, sectores de la oposición y exfuncionarios expresaron escepticismo respecto a la existencia real de filtraciones y consideraron que la medida es, en realidad, un ajuste encubierto que debilita la defensa jurídica del Estado.

El caso YPF, que enfrenta a la Argentina con el fondo Burford por la expropiación de la petrolera, ha cobrado relevancia internacional tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF a los demandantes. El Gobierno argentino logró una suspensión temporal de la orden y recibió el apoyo del [Departamento de Justicia de Estados Unidos](/entities/entity_1744833732103_261), que se presentará como amicus curiae en defensa del país.

La reestructuración de la Procuración del Tesoro se produce en un contexto de cambios en la conducción del organismo, con la llegada de Santiago Castro Videla en reemplazo de Rodolfo Barra. Existen, además, sospechas de conflicto de intereses por los vínculos de Castro Videla con estudios jurídicos que han trabajado para Burford, aunque el Gobierno niega cualquier irregularidad. El futuro de la defensa argentina en el caso YPF y la estabilidad institucional de la Procuración quedan así en el centro del debate político y judicial.