El diputado nacional Alejandro Bongiovanni, del PRO, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone desregular el mercado inmobiliario argentino. La iniciativa, denominada “Ley de libertad inmobiliaria”, busca eliminar la obligatoriedad de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario, permitiendo que cualquier persona pueda operar en el sector sin requisitos formales ni límites jurisdiccionales.

El proyecto también plantea suprimir la inscripción en registros o cámaras profesionales, eliminar aranceles mínimos para comisiones y quitar a los colegios profesionales la capacidad de sancionar a quienes ejerzan sin matrícula. Según Bongiovanni, el objetivo es devolver la intermediación inmobiliaria al ámbito comercial y fomentar la competencia, citando ejemplos de países como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda donde existen menos restricciones.

La propuesta generó un rechazo inmediato de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), cuyo presidenta, Nancy Vieitez, advirtió que la falta de regulación podría deteriorar la calidad del servicio, fomentar la competencia desleal y aumentar los fraudes. Vieitez señaló que la experiencia internacional demuestra que la eliminación de controles ha tenido efectos negativos para los consumidores y el mercado.

Referentes de colegios y cámaras provinciales, como Iván Montanaro (Corrientes) y Fernando Guzmán (Tucumán), coincidieron en que la matriculación y la regulación profesional son esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la calidad de los servicios. Argumentaron que la mayoría de las denuncias por fraudes provienen de personas no matriculadas y que la desregulación podría aumentar la informalidad y la precarización del sector.

En respuesta, la CIA presentó una alternativa que busca modernizar el sector sin eliminar garantías, proponiendo la creación de un Registro Nacional de libre jurisdicción y la implementación de un sistema de colaboración entre agencias. El debate, enmarcado en la ola de desregulación impulsada por el Gobierno nacional, enfrenta posturas sobre la libertad económica y la protección al consumidor, con implicaciones para la seguridad jurídica y la profesionalización del mercado inmobiliario argentino.