Una protesta contra la megaminería en Mendoza culminó con graves incidentes, 17 personas detenidas y al menos siete policías heridos, según informaron fuentes policiales y judiciales. La manifestación, que comenzó en el microcentro de la ciudad y se desplazó hacia las instalaciones de Canal 9, fue convocada en rechazo a la reciente aprobación del proyecto minero San Jorge por la Legislatura provincial.

Durante la desconcentración, un grupo de manifestantes atacó el edificio de Canal 9, arrojando piedras y realizando pintadas, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad de Mendoza reportó que siete efectivos resultaron heridos, algunos con armas blancas, y que 17 personas fueron detenidas por daños, agresiones y disturbios en la vía pública. Entre los aprehendidos se encontraban periodistas que cubrían la protesta, quienes fueron liberados posteriormente tras la intervención de gremios de prensa y organizaciones sociales.

El Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) repudió la represión policial y denunció la detención de comunicadores en el ejercicio de su labor, calificando el hecho como una "clara violación a la libertad de expresión". Por su parte, organizaciones como las Asambleas Mendocinas Populares por el Agua (AMPAP) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) exigieron la liberación de todos los detenidos y denunciaron un intento de "disciplinar la protesta social".

El gobernador Alfredo Cornejo defendió la aprobación del proyecto San Jorge, argumentando que permitirá avanzar hacia la transición energética y proteger el ambiente, aunque evitó referirse a las preocupaciones sobre el agua. Las protestas, que se venían desarrollando de manera pacífica, se tornaron violentas tras la intervención policial, según relataron testigos y organizaciones presentes en el lugar.

La investigación de los incidentes quedó a cargo del fiscal Fernando Giunta, mientras persiste la tensión entre el gobierno provincial, los sectores ambientalistas y los medios de comunicación. El episodio reavivó el debate sobre la criminalización de la protesta, la libertad de prensa y el impacto ambiental de la megaminería en Mendoza, en un contexto de creciente polarización social y política.