Las recientes declaraciones de Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en las que calificó a la Educación Sexual Integral (ESI) como una "trampa mortal" y una "ideología siniestra", generaron una fuerte polémica en el ámbito político y social porteño. Muzzio sostuvo que la ESI transmite "ideas monstruosas" y que "destruye la cabeza de los niños", vinculando además la baja natalidad con el feminismo y el aborto. Estas afirmaciones fueron rápidamente repudiadas por legisladores opositores, especialistas en educación y organizaciones sociales, quienes defendieron la importancia de la ESI como política pública.

En la Legislatura porteña, el diputado Leandro Santoro exigió una retractación pública de Muzzio, recordando que la ley de ESI fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos y que su implementación ha sido fundamental para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. "El 80% de los niños y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron después de una clase de ESI", señaló Santoro, subrayando el rol preventivo de la educación sexual en el ámbito escolar.

Especialistas como Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar, destacaron que la ESI no responde a una ideología, sino que es una herramienta transversal que permite a los estudiantes reconocer situaciones de abuso, violencia y ejercer sus derechos. Datos oficiales del Ministerio de Salud muestran que, desde la implementación de la ESI y el programa ENIA, los embarazos adolescentes en Argentina se redujeron un 67%, pasando de 107.109 casos en 2005 a 35.292 en 2024. Además, entre el 70% y el 80% de los adolescentes que sufrieron abusos pudieron identificarlos y denunciarlos gracias a los contenidos de la ESI.

El debate sobre la ESI se enmarca en un contexto de endurecimiento discursivo del oficialismo porteño, que busca captar sectores conservadores en sintonía con la agenda nacional. Mientras tanto, especialistas y organizaciones insisten en la necesidad de fortalecer y actualizar la ESI para responder a los desafíos actuales y proteger los derechos de las infancias y adolescencias. El futuro de la política educativa en la Ciudad de Buenos Aires permanece en el centro de la discusión pública.