La Justicia argentina avanza en la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. El proceso, que involucra la identificación y embargo de propiedades, vehículos, cuentas bancarias y acciones, busca resarcir al Estado por un perjuicio estimado en más de 500 millones de dólares, producto del direccionamiento de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El Tribunal Oral Federal 2, respaldado por la Corte Suprema, dispuso que los acusados, entre ellos la ex presidenta y Lázaro Báez, tienen un plazo de 10 días hábiles para depositar el monto correspondiente. De no cumplirse, la Justicia procederá al remate de los bienes embargados, que incluyen más de 50 propiedades, sumas millonarias en efectivo y activos financieros. Muchos de estos bienes fueron transferidos en 2016 a los hijos de Cristina Kirchner, en una maniobra que la Justicia considera destinada a evitar embargos.

En paralelo, un proyecto presentado en el Congreso propone que los fondos recuperados sean destinados a hospitales pediátricos y escuelas públicas, en línea con el pedido de los fiscales de que el decomiso cumpla una función social. "La corrupción impide que esos fondos se destinen a fines nobles, lo que agrava las desigualdades sociales", argumentaron los fiscales Luciani y Mola.

La defensa de los Kirchner intentó sin éxito levantar los embargos, alegando desproporción y el sobreseimiento de Florencia Kirchner. Sin embargo, la Justicia consideró que los bienes ofrecidos eran insuficientes y que las medidas cautelares deben garantizar la eficacia de la sentencia y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de recupero de activos.

El caso Vialidad está estrechamente vinculado a otras causas por lavado de dinero, como Hotesur y Los Sauces, en las que también se investigan maniobras de transferencia y ocultamiento de patrimonio. Mientras tanto, el debate sobre el destino de los fondos decomisados continúa en el ámbito legislativo, con propuestas que buscan reforzar áreas sensibles como la salud y la educación públicas.