El gobierno de Río Negro ha decidido llevar a la Justicia su reclamo contra el Estado nacional por el avanzado deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Según denuncian las autoridades provinciales, la falta de mantenimiento y de inversión en las rutas 3, 22, 23, 40 Sur y 151 ha generado un estado "deplorable" en la infraestructura vial, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores y afectando gravemente la economía y el turismo regional.

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que "agotamos todas las instancias posibles y ante la falta de respuestas, analizamos iniciar acciones judiciales". El reclamo formal, que será presentado por la Fiscalía de Estado, se centrará inicialmente en la ruta 151, donde informes técnicos detectaron hundimientos, baches y banquinas en mal estado a lo largo de 150 kilómetros. "La transitabilidad se vuelve dificultosa debido a su estado. La deformación del tipo ahuellamiento es una constante en el recorrido", señala el informe oficial.

El ministro de Gobierno, Fabián Gatti, también criticó la "incongruencia" del gobierno nacional, que promueve grandes inversiones privadas pero descuida la infraestructura logística indispensable para el desarrollo energético y turístico. "No se puede fomentar la inversión sin garantizar rutas transitables", subrayó Gatti, quien además reclamó la transferencia de recursos si Nación no asume el mantenimiento.

La provincia propuso asumir la gestión de las rutas con fondos propios, pero la respuesta nacional fue negativa. Ante la falta de alternativas, la vía judicial se presenta como la única opción. El antecedente más cercano es el fallo de 2024, cuando la Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional reparar la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón.

El deterioro de las rutas afecta especialmente a sectores como el petrolero, con numerosos accidentes registrados en los accesos a Vaca Muerta, y al turismo, pilar económico de la región. Gremios y legisladores provinciales respaldan la medida judicial, mientras que desde Nación no se han emitido respuestas públicas recientes. El modelo de gestión local aplicado en la Avenida Bustillo de Bariloche, transferida al municipio con fondos específicos, es citado como ejemplo de posible solución para otras trazas nacionales.

El conflicto evidencia la tensión entre los gobiernos provincial y nacional en torno a la inversión en infraestructura, en un contexto de recorte de obra pública y promoción de inversiones privadas. Las autoridades rionegrinas advierten que, de no actuar ahora, el costo de reparar las rutas será aún mayor en el futuro, comprometiendo el desarrollo regional.