La jueza federal María Servini declaró nula la intervención del Partido Justicialista (PJ) de Salta, una medida que había sido ordenada en febrero de 2025 por el Consejo Nacional del PJ bajo la conducción de Cristina Kirchner. La intervención, liderada por Sergio Berni y María Luz Alonso, fue justificada en su momento por el apoyo de legisladores salteños a iniciativas del presidente Javier Milei, lo que fue considerado una traición al ideario del partido.

En su fallo, Servini argumentó que la intervención carecía de fundamentos legales y que debía haber sido decidida por el Congreso Nacional del PJ, y no por el Consejo Nacional. "Los argumentos esgrimidos no constituyen una fundamentación razonable y revelan únicamente la diferencia de criterios en relación a la acción política", señaló la magistrada. Además, destacó que no existían irregularidades graves en el PJ salteño que justificaran una medida de esta naturaleza.

Horas después del fallo, el Congreso Nacional del PJ, liderado por Gildo Insfrán, ratificó la intervención en una reunión virtual. Con 453 votos a favor y 38 en contra, el Congreso buscó darle un marco legal a la medida, desafiando la resolución judicial. Antonio Hucena, secretario general del PJ salteño, calificó esta acción como un acto de "desobediencia judicial" y anunció que evaluarán apelar la decisión del Congreso.

La intervención ha generado una profunda crisis interna en el PJ salteño. Sectores del partido han protestado contra la medida, incluyendo la ocupación de la sede provincial en Salta. Los manifestantes denuncian que la intervención ha vaciado al partido de su estructura orgánica y ha anulado los procesos democráticos internos. Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó duramente la intervención y su impacto en las elecciones provinciales del 11 de mayo, donde el PJ obtuvo solo el 6.53% de los votos.

El conflicto también afecta al PJ de Misiones, donde se vive una situación similar. La intervención en ambas provincias ha sido vista por algunos como un intento de centralizar el control del partido bajo la conducción de Cristina Kirchner, mientras que otros la justifican como una medida necesaria para "ordenar" el peronismo en las provincias.

Con posibles apelaciones y nuevas tensiones en el horizonte, el futuro del PJ en Salta y Misiones sigue siendo incierto. La situación pone de manifiesto las divisiones internas en el peronismo y plantea interrogantes sobre la autonomía de los partidos provinciales frente a la conducción nacional.