Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por la deuda en default desde la crisis de 2001. El entendimiento fue comunicado a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien supervisa varios de los litigios internacionales más relevantes para el país, incluyendo el caso por la expropiación de YPF.

Según confirmaron fuentes judiciales y representantes de los fondos, las partes acordaron suspender los procedimientos judiciales mientras se avanza hacia el cierre definitivo del acuerdo. "Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo", señaló Dennis Hranitzky, abogado de los fondos demandantes.

El litigio involucraba reclamos por sumas millonarias y solicitudes de embargo sobre activos estratégicos de la Argentina, como acciones en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. En años recientes, los fondos habían logrado embargar activos y buscaban ampliar las medidas cautelares, incluso en el contexto de otros juicios internacionales como el de YPF.

El acuerdo actual representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino, cerrando uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior. Los holdouts que rechazaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016 representan menos del 3% de los tenedores originales, pero mantuvieron sus demandas durante más de dos décadas.

En 2016, el gobierno argentino pagó US$9.300 millones a un grupo de holdouts, permitiendo que el país saliera del default técnico y eliminando la mayoría de los juicios en Nueva York. Sin embargo, un pequeño remanente de acreedores persistió en sus reclamos, lo que llevó a la situación actual.

El Gobierno argentino, por el momento, mantiene la negociación en confidencialidad y no ha emitido comentarios oficiales. Analistas consideran que este acuerdo despeja el camino para cerrar definitivamente el capítulo judicial del default de 2001, aunque aún resta conocer los detalles finales del entendimiento y su impacto en las finanzas públicas.