Un video recientemente divulgado ha generado controversia al mostrar cómo Brenda Uliarte, acusada de ser cómplice en el intento de magnicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, logró evadir a la Policía Federal a pesar de tener una orden de captura activa. El incidente ocurrió el 4 de septiembre de 2022, tres días después del ataque fallido contra la exmandataria.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad en la avenida Montes de Oca 1209, en el barrio porteño de Barracas, muestran a Uliarte saliendo de un edificio y pasando frente a dos agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal. A pesar de que la jueza María Eugenia Capuchetti había emitido una orden de arresto esa misma mañana, los agentes no actuaron. Posteriormente, Uliarte fue detenida una hora y media después en la estación Palermo del tren San Martín, gracias al rastreo de su celular por parte de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO).

El video ha sido incorporado como evidencia en el juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 6 contra Uliarte, Fernando Sabag Montiel—autor confeso del ataque—y Nicolás Carrizo, señalado como líder de la llamada "banda de los copitos". Este grupo es acusado de planificar y ejecutar el intento de asesinato.

La Policía Federal ha iniciado un sumario interno contra los dos agentes involucrados, quienes se negaron a declarar y recibieron una sanción de cuatro días de arresto. Este hecho ha generado críticas hacia la institución, con cuestionamientos sobre si se trató de negligencia o complicidad.

En paralelo, peritos médicos han confirmado que Uliarte está en condiciones psíquicas de afrontar el juicio, aunque recomendaron que continúe bajo tratamiento psicológico. La defensa de Uliarte había solicitado esta evaluación para determinar su capacidad de ser juzgada.

El caso ha estado marcado por múltiples irregularidades, incluyendo la pérdida de datos clave en dispositivos electrónicos de los acusados y la falta de acción inicial por parte de las fuerzas de seguridad. La jueza Capuchetti, quien retomó recientemente la conducción de la investigación, ha comenzado a indagar en estas irregularidades, mientras que el fiscal Carlos Rívolo ha apelado esta decisión, dejando en manos de la Cámara Federal porteña la determinación de quién continuará al frente del caso.

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un tema de alto impacto político y judicial en Argentina. Las nuevas revelaciones subrayan la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.