Qué dice la última declaración jurada de Petri: propiedades en Mendoza, ahorros, un fiat 600 y una deuda con su hermana
• Luis Petri presentó su declaración jurada anticipada ante la Oficina Anticorrupción. • Declaró un patrimonio de $75,2 a $84,4 millones, propiedades en Mendoza, vehículos y deudas familiares. • Transparencia patrimonial en foco político. #Mendoza

Luis Petri, diputado nacional por Mendoza y exministro de Defensa, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción, cumpliendo con el trámite varios meses antes del plazo legal establecido. Según la documentación oficial, Petri declaró un patrimonio que oscila entre $75,2 y $84,4 millones, compuesto principalmente por bienes inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y ahorros en moneda extranjera.
Entre los activos más relevantes figuran el 50% de un departamento de 200 metros cuadrados y una cochera en la ciudad de Mendoza, adquiridos en agosto de 2024 y valuados en conjunto en más de $37 millones. Además, el legislador declaró dos vehículos: un Fiat 600 modelo 1973, utilizado en su campaña electoral, y una camioneta Chevrolet S10 modelo 2018, con un valor conjunto superior a $25 millones.
En el rubro financiero, Petri informó la existencia de diversas cajas de ahorro en pesos y dólares, un plazo fijo y una participación accionaria en la firma Security SAS. Los depósitos en moneda extranjera superaban los $7,2 millones al cierre del período declarado. Asimismo, el diputado consignó una deuda con su hermana Giselda Petri, actual diputada provincial, por $13,3 millones, cifra inferior a la registrada al inicio del período, cuando ascendía a $17,7 millones.
En cuanto a ingresos, Petri declaró haber percibido $41,2 millones durante el año, con gastos personales por $36,8 millones. La declaración también incluyó detalles sobre su estado civil, consignando una "unión de hecho" con la periodista Cristina Pérez.
La presentación anticipada de la declaración jurada por parte de Petri se enmarca en una tendencia de mayor transparencia y control patrimonial entre los funcionarios mendocinos, quienes buscan fortalecer la confianza pública y la rendición de cuentas en la gestión política. La Oficina Anticorrupción estableció como fecha límite el 31 de julio para la actualización de estos datos, aunque varios legisladores, incluido Petri, optaron por cumplir con el trámite con antelación.
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