La ciudad de Córdoba vivió este viernes una jornada marcada por la tensión entre el sector público y el Gobierno provincial, tras la presentación de recursos de amparo contra la Ley de Equidad Jubilatoria. Cinco empleadas públicas obtuvieron una medida cautelar de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, que ordenó a la Provincia abstenerse de aplicar los artículos 1 y 5 de la Ley 11.087 y restituir los descuentos realizados en los haberes, con intereses.

La resolución judicial coincidió con una movilización de 23 gremios estatales, quienes presentaron un amparo colectivo para frenar el aumento de aportes jubilatorios. La normativa, aprobada en diciembre de 2025, permite incrementar hasta un 8% adicional los aportes personales, elevando la contribución jubilatoria al 24% o 26% del salario para algunos sectores. Según el fallo, los incrementos salariales pactados por paritarias quedaron absorbidos por la nueva alícuota, neutralizando cualquier mejora futura y afectando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Las accionantes y los gremios argumentan que la ley viola derechos constitucionales, como el derecho de propiedad, la igualdad ante las cargas públicas y el principio de remuneración justa. Además, cuestionan la falta de procedimiento adecuado y la desigualdad en el reparto del peso financiero de la emergencia previsional, que recae exclusivamente sobre los trabajadores activos.

El Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, defiende la medida como una herramienta de equidad distributiva para solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones y mantener mejores ingresos para los jubilados provinciales. Sin embargo, los sindicatos advierten que la reforma representa un ajuste sistemático que degrada los salarios y jubilaciones, y llaman a continuar la lucha judicial y gremial.

El conflicto se desarrolla en un contexto de disputa por la deuda de la Caja de Jubilaciones y el financiamiento nacional, con antecedentes de fallos judiciales divergentes y una agenda política marcada por la sostenibilidad del sistema previsional cordobés. Las implicaciones futuras dependerán de la resolución de los recursos judiciales y del diálogo entre las partes involucradas.