La temporada de pesca de calamar en Argentina durante febrero de 2026 ha sido una de las más productivas de los últimos años, con más de 50.000 toneladas capturadas por buques argentinos y exportaciones que alcanzaron casi 200.000 toneladas en 2025, generando ingresos superiores a USD 550 millones. Este éxito ha atraído a cerca de 500 buques extranjeros, principalmente de bandera china, que operan en el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), en la llamada "Milla 201".

La Armada Argentina, bajo el mando del Comando Conjunto Marítimo, dispuso el despliegue de patrulleros oceánicos y aeronaves para reforzar la vigilancia y protección de la ZEEA. Sin embargo, informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) revelan que la mayoría de los buques poteros argentinos zarpan sin observadores a bordo, incumpliendo la normativa que exige su presencia para monitorear las faenas pesqueras. En 2025, solo siete de 78 buques dispusieron de observadores, cubriendo apenas nueve viajes de un total de 354.

La influencia de empresas chinas en el sector pesquero argentino ha crecido notablemente. Según Darío Sócrates, titular de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos, el 68% de la cámara está conformada por capitales asiáticos, principalmente chinos. Estas empresas han adquirido pesqueras nacionales y, en algunos casos, han obtenido permisos de pesca a pesar de antecedentes de pesca ilegal y presuntas violaciones a derechos humanos. "Lo que se está permitiendo es una enorme concentración en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas nacionales", señaló César Lerena, experto en asuntos pesqueros.

Marineros y capitanes argentinos han denunciado condiciones laborales precarias y presión por parte de directivos chinos, así como la falta de cumplimiento de normativas laborales y ambientales. La ausencia de observadores a bordo dificulta la fiscalización y sostenibilidad de los recursos marinos, generando preocupación entre expertos y organismos ambientales.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por reforzar el control en altamar, persisten problemas de fiscalización y otorgamiento de permisos a buques con antecedentes de pesca ilegal. Empresas chinas y argentinas mencionadas en las investigaciones no respondieron a consultas de medios y ONG. La situación plantea desafíos para la soberanía, la economía y la sostenibilidad del ecosistema marino argentino, y expertos coinciden en la necesidad de reformas legales para combatir la pesca ilegal y preservar los recursos nacionales.