La reciente excarcelación de Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense acusada de participar en un escrache contra el diputado José Luis Espert, ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las medidas judiciales y el uso de la justicia en causas políticas. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fijó una caución real de 30 millones de pesos para hacer efectiva la liberación de Abaigar, pese a que la Cámara Federal de San Martín había ordenado su excarcelación al no advertir peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

El episodio que originó la causa ocurrió el 17 de junio en San Isidro, cuando un grupo de personas arrojó estiércol y colocó pasacalles y panfletos con consignas políticas frente a la casa de Espert. Abaigar, directora en el Ministerio de las Mujeres bonaerense, fue detenida junto a otros militantes, algunos de los cuales ya fueron liberados. La funcionaria permaneció varios días en el penal de Ezeiza y luego bajo arresto domiciliario por problemas de salud.

La defensa de Abaigar calificó la caución como "exorbitante" y de difícil cumplimiento, señalando que supera ampliamente los salarios mínimos y que la Cámara había sugerido una suma razonable. Además, ofrecieron fiadores, pero la jueza condicionó la excarcelación al pago efectivo de la caución. La magistrada también impuso restricciones como la prohibición de salir del país y de acercarse a Espert y su familia.

Organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y H.I.J.O.S., enviaron una carta a la jueza expresando preocupación por la desproporción de las medidas y advirtiendo sobre posibles violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. "Las medidas desplegadas expresan una manifiesta desproporción, incompatible con el adecuado apego a las garantías del proceso penal", señalaron.

Abaigar, tras su liberación, denunció un trato desmedido y un "show mediático" en torno a su caso, y reafirmó su compromiso con la militancia política. El caso sigue bajo investigación y mantiene detenida a la concejala Eva Mieri, mientras el debate sobre la judicialización de la protesta y la persecución política continúa en el centro de la agenda pública.