Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. La noticia fue confirmada por ambas partes ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien supervisa el caso. El entendimiento representa un paso significativo en la resolución de litigios internacionales que han persistido durante más de dos décadas.

Según documentos presentados ante el tribunal, las partes solicitaron suspender el proceso judicial, incluyendo la moción presentada por Bainbridge en octubre de 2025, que reclamaba la entrega de la participación argentina en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. El acuerdo, cuyos detalles aún no han sido divulgados, implica que los fondos dejarán en suspenso sus reclamos mientras se avanza hacia la formalización de la conciliación.

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos y conocido por su participación en el embargo de la Fragata Libertad en 2012, confirmó el entendimiento. "Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo", declaró Hranitzky.

El acuerdo se vincula con los Bonos Brady, emitidos por Argentina en la década de 1990 y utilizados como garantía en los litigios. Los fondos acordaron dividirse el colateral embargado, aunque no se especificó el mecanismo. Bainbridge Fund y Attestor Master Value son parte de los llamados holdouts, acreedores que no aceptaron las reestructuraciones de deuda ofrecidas en 2005, 2010 y 2016, y que mantuvieron sus demandas en tribunales estadounidenses.

La mayoría de los litigios con holdouts se resolvieron en 2016, tras el levantamiento de las cautelares por el juez Thomas Griesa y acuerdos alcanzados por el gobierno argentino. Sin embargo, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes. El principio de acuerdo informado ahora ante la jueza Preska encamina el cierre de uno de los últimos litigios abiertos en el exterior por la cesación de pagos de 2001.

Este avance es visto por analistas como un paso importante para mejorar la posición financiera internacional de Argentina y cerrar un capítulo prolongado de disputas judiciales que afectaron la economía del país.