Colegios de abogados de todo el país presentaron una demanda colectiva ante la justicia federal para frenar la aplicación de dos artículos clave de la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La acción, respaldada por 29 entidades profesionales, solicita la suspensión de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando que afectan gravemente el ejercicio de la abogacía y los derechos de los profesionales.

La presentación judicial, patrocinada por el abogado Alberto Spota, fue ingresada en el fuero Contencioso Administrativo Federal y busca una medida cautelar que suspenda la aplicación de los artículos cuestionados mientras se resuelve la cuestión de fondo. Según los demandantes, el artículo 277 permite financiar el pago de sentencias laborales y honorarios profesionales hasta en 12 cuotas, lo que consideran perjudicial para la percepción oportuna e íntegra de los honorarios. Por su parte, el artículo 20 introduce un criterio objetivo para imponer costas a los abogados, lo que, según los colegios, genera una situación de extrema vulnerabilidad económica y condiciona la independencia técnica de los profesionales.

Los colegios sostienen que estas reformas vulneran garantías constitucionales esenciales, como el derecho de propiedad y el libre ejercicio de la profesión. "Las normas impugnadas aparecen prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente", señalaron en la presentación. Además, advierten que el nuevo régimen rompe el equilibrio del sistema judicial y afecta el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

La reforma laboral, aprobada recientemente por el Congreso, fue una de las principales iniciativas del gobierno libertario y ha generado múltiples presentaciones judiciales en su contra. Los abogados argumentan que la regulación de costas y honorarios es competencia de las provincias y que el nuevo sistema desnaturaliza la función de la sentencia judicial. Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial sobre la demanda colectiva, mientras el expediente avanza en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para el sistema judicial y el ejercicio profesional en todo el país.