Thiago Correa, un niño de siete años, falleció tras ser alcanzado por una bala en la cabeza durante un tiroteo en Ciudad Evita, partido de La Matanza. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando Thiago esperaba el colectivo junto a su padre. En ese momento, un agente de la Policía Federal Argentina, Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, fue abordado por cuatro jóvenes que intentaron asaltarlo. El policía, que estaba de civil y fuera de servicio, se identificó y disparó al menos diez veces mientras los asaltantes huían, matando a uno de ellos e hiriendo a otros dos. Una de las balas impactó a Thiago, que se encontraba a casi 200 metros del lugar.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de San Justo, donde permaneció internado con muerte cerebral hasta que se confirmó su fallecimiento el viernes. El padre de Thiago, Fabián Correa, expresó su dolor y pidió justicia: “Necesito justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”.

El fiscal Diego Rulli imputó al agente por “exceso en la legítima defensa”, ya que los disparos se produjeron cuando los asaltantes estaban huyendo. La pistola secuestrada a los jóvenes no estaba apta para disparar, lo que refuerza la hipótesis de un uso desproporcionado de la fuerza por parte del policía.

El caso generó un fuerte debate público. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al agente y responsabilizó a los asaltantes por la muerte del niño, argumentando que “los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”. Organizaciones de derechos humanos y familiares de la víctima reclamaron justicia y cuestionaron el uso de armas reglamentarias fuera de servicio, señalando que este tipo de hechos se han incrementado en los últimos meses.

El club de fútbol Defensores Unidos de La Tablada, donde jugaba Thiago, suspendió sus actividades en señal de duelo. El caso reavivó el debate sobre la “Doctrina Chocobar” y la necesidad de revisar los protocolos de actuación policial fuera de servicio. El Ministerio de Seguridad anunció que impulsará cambios en el Código Penal para ampliar la figura de legítima defensa en casos similares. Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades penales del agente involucrado.