La investigación sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ha tomado un giro inesperado tras la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de reasumir el control del caso y cambiar su enfoque. La magistrada, quien había delegado la causa al fiscal Carlos Rívolo hace más de dos años, ahora ha decidido centrar la atención en la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA) en lugar de continuar investigando al diputado Gerardo Milman, quien había sido señalado como una figura clave en la trama.

En este nuevo enfoque, Capuchetti solicitó al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, un informe detallado sobre la participación de su personal en tareas operativas y administrativas relacionadas con el caso. Esta decisión ha generado críticas, especialmente del fiscal Rívolo, quien ha pedido que otro juez se encargue de investigar estas nuevas pistas para evitar sospechas de "forum shopping", una práctica que implica elegir un tribunal favorable para un caso.

El cambio de dirección en la investigación ha sido acompañado por testimonios en el juicio oral que han señalado irregularidades en la preservación de pruebas clave, como el celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel. Emilio Lencina, excomisionado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, denunció que pruebas sobre vínculos digitales entre los acusados y grupos violentos como Revolución Federal fueron desestimadas por el juzgado.

Además, la jueza ha citado a declarar a agentes de la PFA involucrados en un sumario administrativo por no detener a Brenda Uliarte, exnovia de Sabag Montiel, pese a tener una orden de arresto. Este hecho, ocurrido días después del atentado, ha sido utilizado por la magistrada para justificar su nuevo enfoque, aunque el fiscal Rívolo y otros críticos consideran que no tiene relación directa con el intento de magnicidio.

El nombre de Gerardo Milman ha sido eliminado de la carátula de la causa, lo que ha generado aún más controversia. Milman, quien era jefe de campaña de Patricia Bullrich, había sido señalado por un testigo como alguien que tenía conocimiento previo del ataque. Sin embargo, la jueza ha decidido no profundizar en esta línea de investigación, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su imparcialidad.

El caso, que ocurrió el 1 de septiembre de 2022, sigue generando divisiones en la opinión pública y plantea serias interrogantes sobre la eficacia y transparencia del sistema judicial argentino. Mientras tanto, los abogados de Cristina Fernández han solicitado que la defensa de Milman no participe en las nuevas audiencias, pero la jueza ha rechazado esta petición. El fiscal Rívolo, visiblemente molesto, ha instado a los defensores de Milman a presentar pruebas concretas si las tienen, en lugar de hacer declaraciones públicas.

Con este nuevo giro, la investigación parece alejarse de esclarecer quién estuvo detrás del intento de magnicidio, dejando en el aire preguntas fundamentales sobre la autoría intelectual del ataque y la posible manipulación de pruebas. La controversia está lejos de resolverse, y el caso sigue siendo un tema de alto interés público y político en Argentina.