El gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, profundizó en los últimos días su política de "tolerancia cero" frente a las ausencias injustificadas y los privilegios en la administración pública. En una serie de medidas que buscan optimizar el uso de los recursos estatales y erradicar prácticas asociadas a la "vieja política", se concretaron despidos de funcionarios y empleados de distintos sectores.

Entre los casos más resonantes se encuentra el de Rodolfo Kaiser, exfuncionario del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y excandidato a diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Kaiser fue cesanteado tras comprobarse que cobraba sin trabajar y pretendía acceder a una jubilación privilegiada. Además, en 2018 había sido condenado por el Tribunal de Cuentas provincial a devolver más de 11 millones de pesos por gastos no justificados durante su gestión.

La política de control no se limitó a cargos jerárquicos. También fueron despedidos empleados de salud, educación y seguridad, como la enfermera Alejandra Chiguay del hospital de Villa La Angostura, la mucama Nélida Carrasco del hospital de Plottier, la agente Claudia Vicencio del Ministerio de Seguridad y el portero escolar Rodolfo Alarcón. En todos los casos, los expedientes administrativos detallan inasistencias prolongadas y la falta de justificación válida, lo que derivó en la sanción máxima de cesantía.

El Ejecutivo provincial, además, investiga si los exagentes cobraron haberes correspondientes a jornadas no trabajadas. De comprobarse, se anticipa el inicio de acciones administrativas y judiciales para recuperar los fondos abonados de manera indebida.

Estas medidas se enmarcan en una reducción del 87% de la planta política y la eliminación de gastos superfluos, según informó el gobierno. Durante el mismo acto en el que se anunció la cesantía de Kaiser, Figueroa entregó 73 escrituras a vecinos de San Martín de los Andes como parte del plan Neuquén Habita, que prevé 20.000 soluciones habitacionales en la provincia.

El gobernador subrayó que estas acciones responden a un compromiso asumido con la ciudadanía y que cuentan con amplio consenso social. "Tenemos una gran oportunidad como provincia", afirmó Figueroa, quien remarcó la necesidad de dejar atrás los vicios del pasado y avanzar hacia una administración pública más eficiente y transparente. Se prevé que las auditorías y controles continúen en los próximos meses, en línea con la agenda de reformas estatales impulsada por la actual gestión.