El presidente Javier Milei ratificó que vetará los proyectos de ley impulsados por los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, a pesar de la sugerencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de no hacerlo. La decisión, confirmada por fuentes oficiales, se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, que buscan mayor autonomía financiera y transparencia en el reparto de fondos.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el reparto de los ATN sea automático y diario, eliminando la discrecionalidad política que actualmente ejerce la Nación. De aprobarse, Buenos Aires sería la principal beneficiada, con más de $70.000 millones adicionales en el segundo semestre, mientras que otras provincias como Santa Fe y Córdoba también recibirían incrementos significativos. El impacto fiscal estimado por los equipos técnicos de los gobernadores oscila entre el 0,05% y el 0,11% del PBI, cifra que, según sostienen, no pondría en riesgo la meta de superávit fiscal acordada con el FMI.

Sin embargo, la Casa Rosada mantiene una postura inflexible. "El superávit fiscal no se toca", afirman fuentes del Ejecutivo, que consideran la cuestión fiscal como uno de los pilares centrales del programa económico. El ministro Sturzenegger, por su parte, sugirió públicamente que el presidente podría no vetar la ley y utilizarla como herramienta de negociación política en el Congreso, pero esta opción fue rápidamente descartada por el entorno presidencial, que calificó sus declaraciones como una "chicana" a los gobernadores.

El debate ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará retrasar el tratamiento de la iniciativa. Mientras tanto, los gobernadores insisten en que la reforma es necesaria para garantizar una distribución más equitativa y transparente de los recursos, argumentando que los ATN se nutren de fondos coparticipables y que la discrecionalidad actual favorece el uso político de los mismos.

La discusión sobre la coparticipación y el federalismo fiscal se reaviva en un escenario de ajuste y tensiones políticas, con las provincias buscando mayor autonomía y el Gobierno nacional priorizando el equilibrio macroeconómico. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para la relación entre Nación y provincias en los próximos meses.