El Gobierno nacional intervino en el conflicto laboral que amenazaba con paralizar la producción de Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Tras el anuncio de un paro general por parte del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, suspendiendo cualquier medida de fuerza y obligando a las partes a retomar el diálogo bajo supervisión estatal.

La medida fue adoptada luego de que fracasaran las negociaciones entre el gremio y las empresas operadoras en una reunión celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sindicato, liderado por Marcelo Rucci, denunció el despido de más de 1.200 trabajadores y la suspensión de otros 2.000, quienes actualmente perciben solo el salario básico. Según Rucci, "es muy difícil de explicar que en el mejor momento de Vaca Muerta haya despidos de trabajadores" y advirtió que el conflicto podría extenderse a toda la Cuenca Neuquina si no se revierte la política de ajuste de las empresas.

El paro, que iba a comenzar el 30 de julio a las 20:00 y durar 48 horas, amenazaba con afectar la producción, el transporte y la logística de petróleo y gas, en una región que concentra más del 60% de la producción nacional. El Gobierno justificó la conciliación obligatoria en la necesidad de "preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país".

Durante el período de conciliación, las partes deberán negociar y abstenerse de cualquier medida de fuerza. El conflicto se da en un contexto de récords productivos en Vaca Muerta, que en junio alcanzó los 475.000 barriles diarios, pero también de tensiones laborales por reestructuraciones y reducción de equipos técnicos. Las empresas argumentan razones técnicas y comerciales para los recortes, mientras que el sindicato sostiene que se trata de una "reestructuración encubierta" que pone en riesgo miles de empleos.

La resolución del conflicto será clave para la estabilidad operativa y el futuro del sector energético argentino, en un momento en que la industria petrolera es fundamental para la generación de divisas y el desarrollo económico del país.