El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), tras una prolongada crisis financiera que dejó a miles de afiliados sin cobertura médica adecuada y generó una deuda superior a los $200.000 millones. La medida, implementada mediante un decreto de necesidad y urgencia, dispuso la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Según el decreto, la reestructuración responde al "desequilibrio financiero persistente" del IOSFA, agravado en los últimos años por el aumento de los costos médicos y la pérdida de prestadores en todo el país. Una auditoría interna reveló que la deuda de la obra social se disparó de $42.000 millones en marzo de 2024 a $210.000 millones en junio de 2025, sin contar un préstamo adicional de $40.000 millones que, con intereses, duplicará su costo.

Durante el proceso de transición, que se extenderá hasta un año, el Gobierno asegura que la cobertura médica, los medicamentos y las prestaciones habituales están garantizadas para los afiliados, quienes serán transferidos automáticamente a las nuevas obras sociales. Sin embargo, en la práctica, numerosos beneficiarios denuncian la suspensión de servicios, demoras en la obtención de turnos y la necesidad de pagar de su bolsillo estudios y tratamientos, especialmente en regiones como Mar del Plata, donde hospitales privados suspendieron la atención por falta de pago.

Sindicatos como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazan la disolución del IOSFA y exigen garantías para la continuidad laboral del personal y la calidad de la atención. "El Gobierno duplica la burocracia y el gasto administrativo, impulsando el aumento de los gastos que dice buscar reducir", advirtió ATE Córdoba en un comunicado.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los afiliados, que temen por la continuidad de sus tratamientos y la falta de respuestas claras sobre el futuro de la cobertura. El Gobierno defiende la medida como una solución definitiva a un déficit estructural, pero enfrenta críticas por la falta de transparencia sobre el destino de los fondos y la magnitud de la deuda heredada. El desafío principal será garantizar que la transición no agrave la situación de quienes dependen del sistema de salud de las fuerzas armadas y de seguridad.