Tras la contundente victoria electoral de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) en octubre, el oficialismo argentino enfrenta un escenario legislativo más complejo de lo esperado. Aunque el triunfo en 15 provincias y el 41% de los votos consolidaron a Milei como una figura central, la fragmentación del Congreso y la falta de mayoría propia obligan al gobierno a negociar cada iniciativa con múltiples actores.

Actualmente, LLA cuenta con 91 diputados y 21 senadores, cifras insuficientes para alcanzar el quórum propio en ambas cámaras. La ausencia de un acuerdo estable con el PRO y la UCR, antiguos socios electorales, ha dejado al oficialismo dependiendo de alianzas circunstanciales y del apoyo de gobernadores de distintas fuerzas políticas. Esta situación convierte a los mandatarios provinciales y a los bloques federales en árbitros clave para la aprobación de leyes.

La mesa política del gobierno, integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni, ha intensificado las reuniones y gestos de acercamiento, pero hasta el momento no ha logrado avances significativos en la construcción de una mayoría estable. Patricia Bullrich, quien deja el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora, se prepara para liderar la bancada oficialista en la Cámara Alta, donde el oficialismo busca sumar voluntades entre radicales, ex PRO y fuerzas provinciales.

En paralelo, la oposición peronista atraviesa un proceso de fragmentación, debilitando la influencia de Cristina Kirchner y reduciendo la capacidad de bloqueo del kirchnerismo en el Senado. La pérdida de bancas y la división interna han abierto la puerta a nuevas negociaciones, mientras que algunos gobernadores peronistas exploran acuerdos con el oficialismo.

En el plano económico, el ministro Luis Caputo ha negado negociaciones de rescate financiero con bancos estadounidenses, mientras el gobierno busca refinanciar vencimientos y mantener el superávit fiscal. Sin embargo, la falta de consensos y de textos definitivos para reformas clave, como la laboral y la tributaria, ha generado incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para avanzar en su agenda.

El tratamiento de estas reformas se postergará para 2026 o después del receso estival, mientras el oficialismo apuesta a la fragmentación opositora para avanzar. Analistas advierten que, si no se logran consensos, el riesgo de parálisis legislativa y desgaste político podría aumentar en los próximos meses.