La Justicia de Chaco condenó este martes a cadena perpetua a César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia. El fallo, dictado por la jueza Dolly Fernández en una audiencia virtual, se basó en el veredicto unánime de un jurado popular que encontró a los tres responsables del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez ingresando al domicilio de los Sena, donde según la fiscalía, fue asesinada por César Sena con la colaboración de sus padres. La ausencia de un cuerpo completo y la negativa a declarar de Sena durante el juicio dificultaron la reconstrucción exacta del crimen, aunque restos óseos y objetos personales permitieron acreditar judicialmente la muerte.

Colaboradores cercanos al clan Sena, como José Gustavo Obregón y Fabiana González, también fueron condenados por encubrimiento agravado, recibiendo penas de cinco años y diez meses, y cinco años de prisión efectiva, respectivamente. Gustavo Melgarejo, casero del campo donde se hallaron restos, recibió una pena menor por encubrimiento simple.

La jueza Fernández dispuso la inscripción oficial del fallecimiento de Cecilia como femicidio en el Registro Civil y la restitución de restos identificados a su familia, una vez que la sentencia quede firme. "La medida reconoce el derecho de la familia a disponer de los restos y apunta a cerrar un capítulo marcado por la incertidumbre", señaló la magistrada.

El caso tuvo un fuerte impacto político en la provincia. Emerenciano Sena era candidato en una lista afín al oficialismo, y la movilización social generada por el crimen debilitó la candidatura de Jorge Capitanich, entonces gobernador. Tras el escándalo, el peronismo perdió la gobernación después de 16 años, y la provincia pasó a manos del opositor Leandro Zdero.

Organizaciones de derechos humanos y género celebraron el fallo, destacando la importancia de la reparación simbólica y el avance institucional en el reconocimiento de crímenes de género. El caso Strzyzowski evidenció la presión social y judicial para evitar la impunidad en hechos de violencia de género, marcando un precedente en la provincia de Chaco.