Policías, bomberos y personal penitenciario de la provincia de Santa Cruz intensificaron en los últimos días sus protestas en reclamo de una recomposición salarial. Las manifestaciones, que incluyen marchas, acampes y quites de colaboración, se replican en distintas localidades como Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia, y cuentan con el apoyo de personal activo, retirado y familiares.

El eje del conflicto es la exigencia de un salario mínimo de $2.200.000 para los agentes ingresantes, además de la incorporación de cualquier mejora al salario básico y no mediante sumas no remunerativas. La última oferta del Gobierno provincial, de $1.480.000 más incrementos en adicionales, fue rechazada por considerarse insuficiente para cubrir el costo de vida actual.

En paralelo a las protestas, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Río Gallegos, solicitando que se investiguen presuntos hechos de intimidación, abuso de autoridad y amenazas ocurridos durante las negociaciones salariales. Según los denunciantes, durante las reuniones del Consejo del Salario se impusieron restricciones al ingreso de representantes y asesores técnicos, y se realizaron consultas sobre publicaciones en redes sociales y comentarios críticos, lo que fue interpretado como un intento de dividir a los representantes y cuestionar su legitimidad.

Oficiales superiores, aunque no se sumaron formalmente a las medidas de fuerza, manifestaron públicamente su respaldo al reclamo salarial a través de mensajes en redes sociales. "No reclamamos privilegios sino dignidad; la posibilidad de poder sostener a nuestras familias y recibir un salario acorde a nuestro esfuerzo", expresó uno de los voceros de los manifestantes.

La Mesa del Salario tiene previsto reunirse nuevamente, pero las posiciones entre el Gobierno y los autoconvocados permanecen distantes. Los representantes de los trabajadores advierten que, de no alcanzarse un acuerdo, continuarán las medidas de fuerza, lo que podría afectar la cobertura de seguridad en las calles de la provincia.

El conflicto pone en evidencia la tensión entre la necesidad de recomposición salarial y las limitaciones presupuestarias del Estado provincial, en un contexto de creciente malestar social y preocupación por el impacto en la seguridad pública.