La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política y judicial tras la decisión del juez Jorge Gorini de endurecer las condiciones de su prisión domiciliaria y ordenar el decomiso de bienes pertenecientes a ella y a sus hijos. La medida se produjo luego de que CFK recibiera a nueve economistas en su domicilio, lo que fue considerado una violación a las restricciones impuestas por la justicia.

El juez Gorini argumentó que la reunión grupal no había sido debidamente informada y que esto excedía los términos de la autorización otorgada, invocando razones de seguridad y el carácter de la sanción penal. La defensa de la ex presidenta, encabezada por Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, apeló la decisión, señalando que no se acreditó la relación de los bienes decomisados con delitos y que la medida afecta derechos constitucionales fundamentales.

En redes sociales, CFK denunció una campaña de persecución mediática y judicial, vinculando el ataque a su propuesta de un modelo económico alternativo al del actual gobierno de Javier Milei. "No es la foto… es la Economía estúpido", expresó la ex mandataria, subrayando que el verdadero motivo de la ofensiva sería su crítica al rumbo económico y su defensa de un modelo productivo y federal.

El episodio reavivó el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la influencia de factores políticos y mediáticos en las decisiones judiciales. Analistas y juristas advirtieron sobre la necesidad de respetar las garantías constitucionales y evitar la politización de la justicia. El caso se produce en un contexto de fuerte polarización política y crisis económica, con el gobierno de Milei enfrentando cuestionamientos por su manejo de la deuda y la relación con el FMI.

La apelación de la defensa de CFK y la discusión pública sobre el caso anticipan nuevas tensiones en el escenario político y judicial argentino, mientras distintos sectores reclaman transparencia y respeto al Estado de derecho.