El gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha iniciado la suspensión de más de 110.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría nacional que busca revisar la legalidad de los beneficios otorgados en gestiones anteriores. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) licitó 720.000 cartas documento para notificar a los beneficiarios sobre la suspensión, en un operativo que abarca todo el país.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida responde a la detección de irregularidades en el otorgamiento de pensiones, incluyendo la presentación de documentos médicos repetidos en múltiples expedientes. "Son 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores", afirmó Adorni, quien también destacó que el 60% de los beneficiarios no presentó la documentación requerida durante la auditoría. El gobierno estima que el ahorro fiscal derivado de estas bajas alcanzará los 35.000 millones de pesos mensuales, y calcula un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales.

La decisión ha generado una fuerte controversia. Legisladores opositores y organizaciones de discapacidad han criticado el proceso de auditoría, señalando desprolijidad en la notificación y dificultades para que los beneficiarios presenten la documentación, especialmente en zonas rurales como la puna jujeña. "Claramente había que hacer una auditoría, pero el Gobierno decidió hacerla mal", opinó el diputado Daniel Arroyo, autor de la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente Milei.

Referentes de organizaciones sociales calificaron la medida como "cruel" y "perversa", y denunciaron la falta de transparencia y asistencia adecuada. "El veto es una muestra más de la crueldad de este gobierno hacia el sector de las personas con discapacidad", sostuvo Gabriela Troiano, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El debate se da en un contexto de ajuste fiscal y recortes en áreas sensibles como salud y discapacidad. La ley de emergencia en discapacidad, que buscaba regularizar pagos y actualizar aranceles, fue vetada, lo que profundizó la controversia. Mientras el gobierno defiende la revisión como parte de un plan de transparencia y ahorro, organizaciones y profesionales advierten sobre el impacto negativo en los sectores más vulnerables y la necesidad de mejorar los mecanismos de auditoría y asistencia.

El futuro del sistema de pensiones por discapacidad y la protección de los derechos de los beneficiarios sigue siendo un tema central en la agenda pública argentina.