La Justicia Federal de Rosario formalizó este martes la imputación de siete personas por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en una causa que involucra a dos narcos ya condenados y a la titular de una reconocida inmobiliaria céntrica. La investigación, derivada de condenas previas por tráfico de estupefacientes en el Cordón Industrial, reveló maniobras por más de 48 millones de pesos mediante la compra y transferencia de vehículos e inmuebles en Rosario, Funes y Oliveros.

Entre los imputados figuran Matías Andrés Bruzzoni y Marco Leonel Gutiérrez, ambos condenados por tráfico de drogas, junto a Melisa Cecilia Montes y Mariano López, titular y empleado de Squadra Propiedades. Según la hipótesis fiscal, desde enero de 2021 los acusados realizaron al menos 29 operaciones para dar apariencia lícita a fondos obtenidos del comercio de estupefacientes, utilizando negocios inmobiliarios y automotores. Las maniobras incluyeron la adquisición y reventa de autos de alta gama, terrenos en Campo Timbó (Oliveros) y propiedades en barrios residenciales de Rosario y Funes, muchas veces a nombre de parejas o terceros para ocultar la verdadera titularidad.

La investigación se formalizó tras el allanamiento a la inmobiliaria Squadra en abril pasado, y la imputación fue presentada por los fiscales federales Juan Argibay Molina y Franco Benetti. Melisa Montes, titular de la inmobiliaria, ya había sido investigada anteriormente y en mayo de 2024 firmó una probation por lavado de dinero del narco Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, por hechos ocurridos entre 2006 y 2007.

El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz consideró que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y dispuso que los imputados continúen el proceso en libertad, aunque bajo medidas cautelares patrimoniales para preservar los bienes involucrados. La causa expone la modalidad de blanqueo de dinero narco mediante inversiones en bienes registrables y la infiltración de organizaciones criminales en sectores económicos de Rosario.

El caso genera preocupación por el alcance del lavado de activos y la capacidad de las bandas narco para operar en circuitos comerciales y residenciales, mientras la Justicia busca rastrear el destino final de las ganancias ilícitas y evitar su reciclaje en la economía formal.