En Argentina, las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei están generando una crisis en áreas clave como salud, seguridad y ciencia. Los recortes presupuestarios y la desregulación han afectado gravemente instituciones fundamentales, como el Hospital Garrahan, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el sistema científico nacional.

El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, enfrenta una crisis sin precedentes. Más de 200 profesionales han renunciado debido a bajos salarios y condiciones laborales precarias. El hospital, que atiende al 40% de los niños con cáncer en Argentina, se encuentra en paro indefinido. "La situación no da para más. Si la gente no lucha con nosotros, estas personas que nos gobiernan se van a llevar puesto el Garrahan", alertó Gastón Linaldelli, médico residente.

En el ámbito de la discapacidad, más de 250 mil personas están viendo afectadas sus prestaciones básicas y terapias debido al desfinanciamiento. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido acusada de abandono y violencia institucional. "El sistema de prestaciones básicas se va a desarmar si no se encuentra una solución urgente", advirtió Eduardo Maidana, del Foro Permanente Discapacidad.

La ciencia y tecnología también están en crisis. Desde 2023, el presupuesto del sector ha caído un 48% en términos reales, provocando una emigración masiva de científicos y la paralización de proyectos estratégicos. "La ciencia es un derecho humano. Esto nos está destrozando", afirmó Daniela Hozbor, experta en vacunas del CONICET.

Estas políticas han generado protestas y movilizaciones en todo el país. En el Congreso, se presentó un proyecto de ley para crear un fondo especial destinado al Hospital Garrahan, mientras científicos y activistas denuncian el impacto devastador de los recortes. "Estamos frente a un momento límite. La historia nos va a juzgar por lo que hagamos o dejemos de hacer en estas semanas decisivas", expresó Horacio Calculli, dirigente aeronáutico.

El gobierno de Milei defiende los ajustes como necesarios para la "eficiencia" y la reducción del gasto público. Sin embargo, sectores afectados denuncian la vulneración de derechos y la destrucción de instituciones clave. "No es sólo falta de financiamiento, es además un asedio permanente", señaló Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro de áreas fundamentales para el bienestar y desarrollo del país. Mientras el gobierno avanza con su agenda de ajuste, las voces de protesta se multiplican, exigiendo un cambio de rumbo que garantice derechos y dignidad para todos.