La Argentina atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes tras la intoxicación masiva por fentanilo contaminado, que ha dejado cerca de un centenar de muertos y decenas de internados en distintos puntos del país. El medicamento, producido por el laboratorio HLB Pharma, fue distribuido en varias provincias antes de que se detectaran graves deficiencias en su fabricación y control.

El ministro de Salud, Mario Lugones, calificó el hecho como "un atentado a la gente" y señaló directamente a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, como "delincuente" y "exconvicto". Lugones explicó que el laboratorio fue auditado a fines de noviembre de 2024, tras denuncias por productos mal elaborados, y que la clausura se concretó en febrero de 2025, luego de que la directora de la ANMAT, Agustina Bisio, recibiera el informe de irregularidades. El ministro ordenó un sumario interno para determinar por qué la clausura no se realizó de inmediato y aseguró que los responsables serán sancionados.

La investigación judicial está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien busca establecer la responsabilidad del laboratorio en las muertes y determinar si hubo negligencia o encubrimiento por parte de funcionarios. El Instituto Malbrán y el Cuerpo Médico Forense realizan pericias para identificar la relación entre las bacterias encontradas en las ampollas y las víctimas fatales.

El caso ha generado un fuerte debate político. El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, responsabilizó al kirchnerismo por la falta de controles y defendió la gestión actual de la ANMAT. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, criticó públicamente al organismo, aunque luego se retractó y ofreció disculpas. Por su parte, la oposición y familiares de las víctimas acusan al gobierno de recortar recursos y personal en los organismos de control, lo que habría facilitado la tragedia.

La intoxicación por fentanilo contaminado recuerda otros episodios sanitarios graves en la historia argentina y pone en cuestión la eficacia de los controles estatales en un contexto de ajuste y desregulación. El impacto político es significativo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de casos y la disputa electoral es intensa. Los familiares de las víctimas buscan justicia y rechazan la utilización política del caso, mientras la cifra de fallecidos podría seguir aumentando a medida que se difunde el episodio y se identifican nuevos afectados.

El desenlace de la investigación y las medidas que adopte el gobierno serán clave para restaurar la confianza en el sistema de control sanitario y evitar futuras tragedias.