En los últimos días, el gobierno argentino ha implementado una serie de medidas económicas y políticas que han generado intensos debates en diversos sectores. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la reforma de la Unidad de Información Financiera (UIF), la eliminación del cepo cambiario y las tensiones en las negociaciones salariales.

La reforma de la UIF, formalizada mediante el decreto 274/2025, elimina la facultad del organismo para actuar como querellante en causas judiciales. Según el gobierno, esta medida busca despolitizar el organismo y alinearlo con estándares internacionales. Sin embargo, la oposición ha criticado la decisión, argumentando que debilita los controles contra la corrupción y afecta más de 200 causas judiciales, incluidas algunas de alto perfil político.

En el ámbito económico, el gobierno anunció la eliminación del cepo cambiario, vigente desde 2019, y la implementación de un sistema de bandas para el tipo de cambio mayorista, con valores entre $1000 y $1400. Este cambio provocó inicialmente un aumento del 11% en el tipo de cambio mayorista, seguido de una estabilización hacia la baja. La medida busca establecer un precio de equilibrio en el mercado cambiario, aunque ha generado incertidumbre y remarcaciones de precios en el corto plazo.

Por otro lado, las negociaciones salariales han sido otro foco de tensión. El gobierno propuso un aumento del 1,3% mensual para marzo, abril y mayo, junto con un bono de $45,000. Mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta con reservas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó, exigiendo una revisión urgente ante el impacto de la inflación y la devaluación.

Estas medidas se enmarcan en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, lo que ha generado críticas tanto de la oposición como de los sindicatos. Además, el mercado observa con atención la implementación del sistema de bandas cambiarias y su impacto en la economía.

En conclusión, las decisiones recientes del gobierno reflejan un intento de equilibrar las necesidades de ajuste económico con las demandas sociales y políticas, aunque no exentas de controversias y desafíos futuros.