El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vetó parcialmente el presupuesto aprobado para el funcionamiento de la Cámara de Diputados bonaerense en 2026, lo que generó una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El veto recayó sobre los artículos que establecían un sistema de transferencias automáticas y diarias de fondos desde el Banco Provincia hacia la Cámara baja, mecanismo que los legisladores habían incorporado para evitar demoras en la llegada de recursos.

Según el Ejecutivo, la implementación de este sistema alteraría el equilibrio y la equidad en la administración pública provincial, otorgando un trato diferencial a la Cámara de Diputados respecto de otros poderes, incluido el Senado. El presupuesto de la Cámara baja, que asciende a $222.800 millones, fue aprobado en una sesión sin debate y contempla $150.000 millones para gastos de personal.

El conflicto se agrava por la interpretación del artículo 94 de la Constitución bonaerense, que establece que el presupuesto legislativo no puede ser vetado por el gobernador. Legisladores de la oposición y del oficialismo, especialmente de La Cámpora y el massismo, consideran que la decisión de Kicillof es inconstitucional y analizan recurrir a la Suprema Corte provincial o insistir con el proyecto original mediante una nueva votación.

Desde el gobierno provincial, se argumenta que la observación no afecta el monto asignado, sino la modalidad de transferencia, y que la medida es necesaria para evitar privilegios y garantizar la estabilidad financiera en un contexto de emergencia económica y recortes nacionales. El veto fue firmado por Kicillof y sus ministros Pablo López y Carlos Bianco.

El episodio expone las tensiones internas en el peronismo bonaerense y podría tener consecuencias en la gobernabilidad y la relación entre los poderes provinciales. Mientras tanto, la Cámara de Diputados evalúa los pasos a seguir en un escenario de alta incertidumbre política y financiera.