La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina dictó un fallo histórico al condenar a Google a indemnizar con 3 millones de pesos a un hombre de Bragado, provincia de Buenos Aires, cuya imagen fue capturada desnudo en el patio de su casa por el servicio Street View. El caso, que se remonta a 2017, se convirtió en un debate nacional sobre los límites de la privacidad y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

Según los expedientes judiciales, el afectado, miembro de la policía local, fue fotografiado de espaldas y desnudo en el patio delantero de su vivienda, detrás de un muro de más de dos metros. Aunque la imagen fue difuminada por Google, la dirección era identificable y la foto se viralizó rápidamente en redes sociales y medios locales, lo que derivó en burlas y afectó su vida personal y profesional. El hombre denunció a Google, a un medio periodístico y a un cableoperador por violación a su intimidad y daño moral.

En primera instancia, el juez rechazó la demanda, argumentando que la responsabilidad recaía en el propio afectado por exponerse en un lugar visible desde la vía pública. Sin embargo, la Cámara revocó el fallo, señalando que la imagen fue tomada dentro de los límites de la propiedad y que la privacidad no se limita al interior de la vivienda. "La invasión a la privacidad e intimidad es flagrante", afirmaron los camaristas, quienes también destacaron que la identificación era posible por el contexto y la numeración visible en la imagen.

El tribunal ordenó a Google eliminar la imagen bajo multa diaria de 100.000 pesos y absolvió a los medios que difundieron la foto. Además, estableció que la responsabilidad de la empresa es objetiva, ya que la actividad de Street View es considerada riesgosa según el Código Civil y Comercial argentino.

Desde Google, la empresa sostuvo que difumina rostros y patentes y que ofrece herramientas para reportar imágenes sensibles, pero la Cámara remarcó que estas medidas no evitaron el daño. El fallo, que con intereses eleva la indemnización a más de 16 millones de pesos, sienta un precedente clave en la protección de la privacidad frente a tecnologías de captura masiva y reabre el debate sobre los límites entre el derecho a la información y la vida privada.