La empresa Frutafiel, con más de siete décadas de historia en la industria de bebidas y alimentos, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná, Entre Ríos, tras atravesar una profunda crisis financiera. La decisión fue tomada luego de que, entre marzo y abril de 2026, la compañía dejara de cumplir con sus obligaciones de pago y acumulara 387 cheques rechazados por más de $1.085 millones, según consta en la documentación judicial.

Frutafiel, que emplea a una parte significativa de la población de General Ramírez, atribuyó su situación a una combinación de factores: la caída abrupta del consumo, el proceso inflacionario que erosionó el poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos y la imposibilidad de trasladar esos incrementos a los precios finales sin perder competitividad. "El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte", explicó la empresa en su presentación judicial.

La compañía también señaló que el encarecimiento de la energía y los combustibles, junto con la falta de acceso al crédito bancario por las altas tasas de interés, agravaron el cuadro financiero. Para sostener la operación, el presidente de la firma vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la empresa, lo que permitió lanzar una nueva línea de cerveza y un vino con jugo. Sin embargo, problemas de abastecimiento y la rápida reacción de la competencia limitaron el éxito de estos productos, que actualmente representan el 30% de la facturación.

El Juzgado Civil y Comercial N°9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, dispuso la apertura del concurso preventivo el 10 de junio, ordenando la inhibición general de bienes y la designación de una sindicatura para supervisar el proceso. El objetivo es permitir que la empresa reorganice sus pasivos y continúe operando, evitando la quiebra inmediata.

Frutafiel manifestó que, pese a la gravedad de la situación, la actividad es viable en el mediano y largo plazo si logra reestructurar sus deudas. El caso genera preocupación en la comunidad local, ya que la empresa es uno de los principales empleadores de la región. El proceso judicial continuará en los próximos meses, con la presentación de propuestas de pago a los acreedores y la supervisión de la sindicatura designada.