Un grave episodio de inseguridad conmocionó a la localidad bonaerense de La Matanza, donde Thiago Correa, un niño de 7 años, resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre un policía federal y un grupo de delincuentes. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando el menor y su padre esperaban el colectivo en la intersección de avenida Crovara y Madrid.

Según la reconstrucción de los hechos, el agente de la Policía Federal Argentina, Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, se encontraba de civil y fuera de servicio cuando fue abordado por cuatro delincuentes armados. El policía se identificó, extrajo su arma reglamentaria y abrió fuego. En el intercambio, uno de los asaltantes murió, dos resultaron heridos y una bala impactó en la cabeza de Thiago, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de San Justo, donde permanece internado en estado crítico y con diagnóstico de muerte cerebral.

El padre del menor, visiblemente afectado, relató a la prensa los dramáticos momentos vividos: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto que me llevó al hospital”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar del policía y responsabilizó a los delincuentes por la situación de Thiago. “Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó el policía en cumplimiento de su deber”, afirmó en conferencia de prensa. Bullrich también apuntó contra la inseguridad en la provincia y solicitó el cambio de carátula para los delincuentes a tentativa de homicidio.

El ministro de Justicia, Sebastián Amerio, respaldó la postura oficial y adelantó que el Gobierno analiza reformas legales para dotar a los jueces de nuevas herramientas en casos similares. Mientras tanto, el fiscal Diego Rulli ordenó la detención del agente Aguilar Fajardo, acusado de exceso en la legítima defensa, y la aprehensión de los delincuentes sobrevivientes.

El caso reavivó el debate sobre la inseguridad y el uso de la fuerza policial en el conurbano bonaerense, generando conmoción social y pedidos de justicia por parte de la familia de la víctima. El Gobierno nacional y provincial intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad en materia de seguridad, mientras la investigación judicial continúa en curso.