El gobierno de Javier Milei ha oficializado una reforma migratoria que endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, restringe el acceso a servicios públicos como salud y educación superior, y facilita las deportaciones. El Decreto 366/2025, publicado el 29 de mayo, introduce modificaciones significativas a la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Nacional y otras normativas relacionadas.

Entre los cambios más destacados, se exige residencia legal continua para acceder a la ciudadanía, eliminando la posibilidad de acortar plazos por servicios prestados a la República. Además, se prioriza a los extranjeros que realicen inversiones relevantes en el país. La figura de "residencia precaria" se redefine, reduciendo su duración de 180 a 90 días.

En el ámbito de la salud y la educación, los extranjeros no residentes permanentes deberán presentar un seguro médico o pagar por los servicios en establecimientos públicos. La educación superior gratuita queda limitada a ciudadanos argentinos y residentes permanentes, mientras que los niveles inicial, primario y secundario mantienen su gratuidad para todos.

La reforma también amplía las causas de deportación, incluyendo antecedentes penales y documentación irregular. Migraciones obtiene mayores facultades de control y fiscalización, permitiendo operativos en lugares de trabajo y alojamiento, y requiriendo autorización judicial para inspecciones en espacios no públicos.

El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para enfrentar desafíos globales y proteger la estabilidad social y económica del país. Sin embargo, organismos como el CELS critican la reforma por considerarla regresiva y contraria a derechos constitucionales. "Es necesario implementar mecanismos que fortalezcan la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios", afirmó el gobierno en el decreto.

La reforma ha generado un amplio debate en la sociedad argentina, con posturas divididas entre quienes la ven como una herramienta para mejorar la gestión migratoria y quienes la consideran discriminatoria y excluyente. Las implicaciones futuras de estas medidas aún están por verse, pero marcan un cambio significativo en la política migratoria del país.