La investigación por la muerte de una nutria en Bahía Blanca sumó nuevos elementos tras los resultados de las pericias a los celulares de los dos jóvenes acusados. El análisis forense permitió recuperar el video completo del ataque, considerado una prueba fundamental para el avance de la causa judicial. Según confirmó el secretario de la Fiscalía General, Santiago Garrido, el archivo fue hallado en el teléfono de Juan Bautista Bravo y su incorporación al expediente permitirá respaldar la acusación con garantías técnicas, evitando cuestionamientos de la defensa.

Durante la revisión inicial de los dispositivos, los peritos no encontraron mensajes ni registros que vinculen a terceros en el hecho, aunque la hipótesis de un posible encubrimiento no fue descartada. Por ello, en los próximos días se realizará un análisis más exhaustivo mediante el sistema UFED, con el objetivo de recuperar información eliminada que pueda aportar nuevos indicios.

El caso, que generó un fuerte repudio social tras la viralización del video en redes, también derivó en la apertura de una causa paralela. Las pericias revelaron que los acusados recibieron más de 3.000 amenazas tras la difusión de las imágenes, lo que motivó la intervención de otra fiscalía para investigar el origen y la gravedad de los mensajes intimidatorios. "La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado", señalaron desde la Municipalidad de Bahía Blanca, que se presentó como particular damnificado en la causa.

La Fundación Grupo Alianza Animal, que impulsó la denuncia penal, destacó la importancia de que el caso tenga consecuencias judiciales y pidió evitar que la situación se desborde fuera del ámbito legal. Mientras tanto, la defensa de los acusados solicitó que se investiguen las amenazas recibidas, ya que el Código Penal contempla penas más severas para este tipo de delitos que para el maltrato animal.

El expediente principal sigue en instrucción y la fiscalía aguarda los resultados del nuevo examen técnico para definir eventuales ampliaciones de la imputación. El caso continúa bajo la atención de la opinión pública y reaviva el debate sobre la violencia animal y la respuesta judicial en Argentina.