La detención de Eva Mieri, concejala de Quilmes y militante de La Cámpora, ha desatado una fuerte controversia política en Argentina. Mieri fue arrestada el 2 de julio por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusada de atentar contra el orden público y amenazas coactivas agravadas, tras un escrache frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert ocurrido el 17 de junio. En el incidente, militantes dejaron pasacalles y excrementos en la vivienda del legislador, lo que motivó la intervención judicial.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ha encabezado el reclamo por la liberación de Mieri, denunciando que la detención es "ilegal" y responde a una persecución política y judicial. "Otro domingo y ya van 11 días de prisión ilegal de nuestra Eva Mieri", expresó Mendoza en redes sociales, cuestionando la imparcialidad de la Justicia y señalando una supuesta doble vara en el tratamiento de causas que involucran a dirigentes peronistas. Mendoza también criticó al gobierno de Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que considera métodos propios de la última dictadura.

La jueza Arroyo Salgado también dispuso allanamientos a militantes y familiares, y una caución de 30 millones de pesos para la excarcelación de otra detenida, Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, quien ya fue liberada. Otros implicados en el hecho también recuperaron la libertad, mientras que Mieri permanece detenida.

Desde La Cámpora, la organización política a la que pertenece Mieri, se sostiene que tanto ella como Abaigar son "rehenes del poder político y judicial" y "presas políticas por ser mujeres y peronistas". El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, el uso de la prisión preventiva y la situación de los derechos políticos en el país. Hasta el momento, el oficialismo nacional no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, mientras la oposición denuncia una escalada de persecución política. El desenlace de la causa podría tener implicancias en la relación entre el gobierno y la oposición, así como en la percepción pública sobre la justicia argentina.