El caso de Brisa Páez, una joven de 21 años que sufrió graves lesiones durante un entrenamiento antidisturbios de la Armada Argentina, ha generado una fuerte polémica y cuestionamientos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. El incidente ocurrió el 4 de abril en la Facultad de la Armada en Vicente López, donde Páez participaba en un simulacro de represión de protestas. Durante el ejercicio, un instructor le propinó una patada que la hizo caer de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo. La joven estuvo en coma inducido durante dos semanas y aún se investigan posibles secuelas neurológicas.

El entrenamiento, que carecía de preparación adecuada, estuvo marcado por un uso excesivo de la fuerza. Según testimonios de compañeros, los instructores actuaron como manifestantes violentos, arrojando objetos y golpeando a los marineros novatos. Además, se les ordenó mentir sobre lo ocurrido, afirmando que las lesiones fueron accidentales. Ocho superiores de la Armada, incluidos el instructor y el suboficial a cargo, han sido detenidos. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, rechazó los pedidos de excarcelación y continúa recopilando pruebas.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de cambios en la política de seguridad interior impulsados por el gobierno de Javier Milei. Decretos recientes han ampliado el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, permitiéndoles intervenir en conflictos internos y custodiar objetivos estratégicos sin necesidad de declarar un estado de sitio. Estas medidas han sido criticadas por organismos de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de militarización y abuso de poder.

La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, calificó estos entrenamientos como ilegales bajo la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe explícitamente a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad interna. Por su parte, la Armada ha iniciado un sumario interno, pero no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

El caso de Brisa Páez ha reavivado el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia argentina, con paralelismos históricos como el caso de Omar Carrasco en 1994. Mientras tanto, la joven continúa su recuperación en el Hospital Militar Central, y la investigación judicial sigue su curso.