El Senado argentino retoma esta semana el tratamiento de 65 pliegos judiciales, en su mayoría destinados al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de alta tensión política y negociaciones cruzadas. La Comisión de Acuerdos recibirá a siete postulantes, mientras la oposición y representantes del interior del país reclaman mayor equidad en la cobertura de vacantes fuera de la capital.

El proceso se produce tras la polémica aprobación del pliego de la jueza Verónica Michelli, que aún no cuenta con la firma del presidente Javier Milei, lo que podría frenar toda la cadena de nombramientos. "Si no termina el trámite, esto se para. No puede no hacerlo", advirtió un senador del oficialismo, reflejando la incertidumbre que rodea el avance de las designaciones.

Entre los candidatos citados se encuentra Víctor Arturo Pesino, quien fue objeto de impugnaciones por parte de la CGT y abogados laboralistas tras fallar a favor de la reforma laboral. También destaca Leopoldo Jorge Rago Gallo, propuesto para continuar como juez federal en San Juan pese a haber alcanzado la edad jubilatoria.

El oficialismo busca utilizar los pliegos como moneda de cambio para obtener apoyos en otros proyectos legislativos, como la reforma electoral, que incluye la posible suspensión de las PASO y cambios en la publicidad electoral. Sin embargo, la falta de consenso y la presión de los bloques dialoguistas complican el panorama.

La cobertura de vacantes judiciales es un tema sensible, con más de 300 cargos sin ocupar en todo el país. El gobierno de Milei intenta imprimir su impronta en el Poder Judicial, mientras la judicialización de decisiones políticas sigue siendo una constante en la dinámica institucional argentina. El desenlace de estas negociaciones podría tener impacto directo en el escenario político y judicial de los próximos meses.