El Senado de la provincia de Salta aprobó de manera definitiva el nuevo Código Procesal Penal, una reforma que promete transformar el sistema judicial local. El proyecto, que ahora aguarda la promulgación del Poder Ejecutivo, completa la transición hacia un modelo acusatorio y adversarial, proceso iniciado en 2011. La implementación será gradual: comenzará en febrero de 2026 en el Distrito Centro y se extenderá al interior provincial en febrero de 2027.

La principal novedad del nuevo código es la eliminación del sistema de actas escritas, reemplazado por la grabación de todas las audiencias en formato de audio y video. Esta medida, según legisladores y jueces, permitirá revisiones más precisas y un control ciudadano efectivo sobre la actuación de fiscales y jueces. Además, se incorporan técnicas especiales de investigación, como el uso de informantes, agentes encubiertos y acuerdos de colaboración con imputados, especialmente para causas complejas.

El sistema recursivo también se modifica: el tradicional recurso de casación será sustituido por un esquema de apelación horizontal, diseñado para resolver controversias en tiempos razonables y evitar la concentración de poder en un solo órgano. El código habilita acuerdos totales o parciales entre las partes, permitiendo la resolución anticipada de causas, incluidos los juicios abreviados.

La reforma crea una Oficina Judicial dependiente de la Corte de Justicia, que concentrará la logística operativa de los procesos, como notificaciones, programación de audiencias y control de sistemas de grabación. El objetivo es liberar a los jueces de tareas administrativas y optimizar el funcionamiento diario del sistema. También se impulsa una mayor coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales, con especialización del personal, inversión en laboratorios forenses y mejoras en el sistema penitenciario.

Durante el debate, el senador Dani Nolasco destacó que el objetivo central de la reforma es "modernizar el servicio de justicia penal" y dotarlo de "agilidad, transparencia y eficacia". Por su parte, Javier Mónico calificó la reforma como "trascendental" y subrayó que constituye una respuesta directa a la exigencia social de terminar con la impunidad y agilizar los procesos. La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, remarcó que la oralidad y la tecnología permitirán una justicia más accesible y transparente para la ciudadanía.

La reforma, respaldada por un amplio consenso entre legisladores, jueces y operadores judiciales, se presenta como un avance histórico para la provincia. Se espera que incremente la confianza ciudadana y la eficiencia del sistema judicial, marcando un antes y un después en la administración de justicia penal en Salta.