El bebé de 18 meses que sobrevivió a la tragedia de Villa Devoto, donde murieron sus padres, hermana y abuelos por intoxicación con monóxido de carbono, permanecerá bajo la guarda provisoria de una tía paterna, según dispuso el Juzgado Civil N°102 de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, de carácter transitorio, busca evitar la institucionalización del menor una vez que reciba el alta médica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde evoluciona favorablemente bajo monitoreo estricto.

La tragedia ocurrió en una vivienda de la calle Sanabria al 3700, cuando una falla en la caldera y la obstrucción de las ventilaciones provocaron la acumulación letal de monóxido de carbono. El bebé sobrevivió porque se encontraba en una habitación separada y mejor ventilada, según explicaron peritos y especialistas en toxicología. “El gas tiende a acumularse en las capas superiores del ambiente. Un niño acostado, en una habitación apartada, tarda más en inhalar una dosis letal”, explicó el doctor Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández.

La tía paterna, profesional y propietaria de vivienda, fue considerada apta para asumir la guarda, acompañada por sus hermanos. Mientras tanto, los abuelos maternos y un tío viajaron desde Europa para participar en el proceso judicial que definirá la tenencia definitiva. El abogado de la familia argentina, Sergio Dubove, remarcó: “El eje de la cuestión es qué es lo mejor para el niño. Es indiferente si se resuelve en Argentina, Francia, Italia o España, siempre que existan elementos objetivos que nos permitan tener la seguridad de que es lo mejor para él”.

El caso, de dimensión internacional, se rige por la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados internacionales, ya que la residencia habitual del menor era en Italia. Por ello, la decisión final sobre su tutela corresponderá a la autoridad judicial italiana, aunque la Justicia argentina puede tomar medidas urgentes de protección. “Todas las decisiones judiciales deben tener como consideración primordial el interés superior del niño”, subrayó el juez Pablo Raffo.

Actualmente, se realizan evaluaciones psicológicas y socioambientales para garantizar el bienestar emocional y social del menor. El proceso podría resolverse de manera más ágil si existe acuerdo entre las familias, y la intervención de organismos de protección de derechos de la infancia es clave para definir el futuro del niño.