La crisis sanitaria desatada por el fentanilo contaminado en Argentina ha alcanzado una magnitud sin precedentes, con 96 muertes confirmadas y una investigación judicial que involucra a laboratorios, autoridades regulatorias y funcionarios. El caso, considerado el más grave desde la creación de la ANMAT, ha puesto en jaque los sistemas de control y fiscalización de medicamentos críticos en el país.

La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, aprobó un dictamen unificado que solicita al Poder Ejecutivo y a la ANMAT un informe urgente sobre la distribución, control de calidad y fiscalización de los lotes de fentanilo contaminados. El pedido, que reúne 25 preguntas clave, busca esclarecer la cantidad de afectados, las acciones tomadas por los organismos competentes y la trazabilidad de los medicamentos involucrados. El dictamen fue girado directamente a la presidencia de la Cámara para su elevación inmediata, reflejando la urgencia y gravedad de la situación.

En paralelo, la justicia federal investiga la presunta elaboración y venta de fentanilo adulterado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El juez Ernesto Kreplak tiene bajo la mira a 24 sospechosos, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Ramallo SA, y varios familiares vinculados a las sociedades investigadas. Se han trabado inhibiciones de bienes y prohibiciones de salida del país para evitar posibles fugas.

La incautación de más de 100.000 ampollas adulteradas ha sido clave para frenar la expansión del brote, aunque la investigación continúa sobre casos en distintas provincias, incluyendo Córdoba, donde familiares de víctimas han presentado denuncias penales y reclaman una atención médica más humanizada. El dueño de HLB Pharma, en declaraciones públicas, niega responsabilidad directa y denuncia una persecución política, mientras se investigan antecedentes de irregularidades y denuncias previas contra los laboratorios involucrados.

El caso ha generado un fuerte debate político, con diputados de diferentes bloques exigiendo reformas urgentes en los sistemas de habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías. Se cuestiona la eliminación de la trazabilidad obligatoria del fentanilo en 2016 y se destaca la necesidad de fortalecer la farmacovigilancia y la transparencia en la cadena de producción y distribución de medicamentos críticos.

La sociedad argentina, impactada por la magnitud de la tragedia, demanda respuestas claras, justicia para las víctimas y medidas concretas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. El Poder Ejecutivo, aunque sin plazo legal para responder, enfrenta una presión creciente para esclarecer las circunstancias y asumir responsabilidades.