El exdiputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, fue imputado formalmente por la Justicia federal por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. La acusación, impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad y formalizada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, sostiene que Estrada habría ordenado la creación y difusión de videos anónimos en redes sociales que vinculaban al gobierno provincial con actividades relacionadas al narcotráfico, utilizando para ello fondos públicos y la colaboración de dos asesores del Congreso de la Nación.

La investigación se inició a partir de una derivación de la Fiscalía de Ciberdelincuencia de la justicia provincial, que detectó la producción de estos videos por parte de asesores legislativos bajo la dirección de Estrada. El caso estuvo paralizado durante meses debido a los fueros parlamentarios que protegían al exlegislador, así como a disputas de competencia entre la justicia federal y provincial. Solo tras el vencimiento del mandato de Estrada, el 10 de diciembre, la Justicia pudo avanzar con la formalización de cargos.

Durante la audiencia, Estrada participó de manera remota y decidió no declarar. Su defensa presentó un planteo de nulidad y alegó persecución política, argumentos que fueron rechazados por la jueza Giménez, quien recordó que la inmunidad parlamentaria solo protege las expresiones en el recinto o en medios de comunicación, no así actos realizados desde el anonimato y con recursos estatales. La jueza también destacó que la defensa tendrá la oportunidad de proponer pruebas y acceder al expediente completo.

En paralelo, dos exasesores de Estrada confesaron su participación en la maniobra y fueron condenados en un juicio abreviado en la justicia provincial. La investigación continuará durante un plazo de 50 días hábiles, en los que la fiscalía podrá ampliar pruebas y citar testigos. Como medida de coerción, Estrada deberá presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado y no podrá entorpecer la investigación.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de fondos públicos y la ética de los funcionarios, así como los límites de la inmunidad parlamentaria. La resolución final podría sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de los legisladores en el manejo de recursos estatales para fines ajenos a sus funciones.