El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan de Nul y su socia local Servimagnus, en lo que constituye la mayor privatización de la actual gestión. La decisión, oficializada el 20 de junio de 2026, otorga a este consorcio la operación, mantenimiento y modernización de la principal vía de exportación del país por un período de entre 25 y 30 años.

La Hidrovía, que conecta a Argentina con Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, es responsable del tránsito del 80% del comercio exterior argentino, principalmente granos y derivados. El contrato prevé una reducción del 13,5% en los costos logísticos, así como obras de profundización, modernización tecnológica y mejoras en la seguridad de la navegación y la lucha contra el narcotráfico. Según estimaciones oficiales, la facturación anual del operador rondará los 628 millones de dólares.

El proceso licitatorio estuvo marcado por la polémica. La empresa belga DEME, competidora de Jan de Nul, denunció supuestas irregularidades y vínculos con empresas chinas, acusaciones que fueron desestimadas por la Agencia Nacional de Puertos tras una auditoría de la UNCTAD. El gobierno defendió la transparencia del proceso y destacó el respaldo de cámaras empresariales, usuarios privados y provincias ribereñas.

La privatización fue celebrada por entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario y la Unión Industrial Argentina, que la consideran estratégica para el desarrollo productivo y la competitividad nacional. "Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad", afirmó Wim Bosteels, representante de Jan de Nul. Por su parte, Marcos De Vincenzi, de Servimagnus, subrayó el compromiso ambiental y la modernización de la vía.

El contrato incluye la creación de un Consejo de Control con participación de usuarios y control estatal, y se espera que la firma definitiva se concrete en los próximos 30 días. El Estado mantendrá funciones de regulación y control, mientras que la gestión operativa será privada. Esta decisión marca el cierre de la etapa estatal iniciada en 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández y abre una nueva era de gestión privada en la principal arteria comercial del país.

A futuro, el desafío será garantizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las obras comprometidas, en un contexto de alta sensibilidad política y económica para el país.