El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y los efectivos policiales continúa escalando, marcando uno de los momentos más tensos en la provincia. Tras más de un mes de negociaciones fallidas, el Gobierno decidió cerrar unilateralmente las discusiones mediante una resolución administrativa, lo que ha generado un rechazo generalizado entre los policías autoconvocados.

El aumento salarial ofrecido por el Gobierno eleva el ingreso inicial a $1.746.634, pero los efectivos consideran insuficiente esta cifra y exigen $2.200.000. Además, rechazan la inclusión de sumas no remunerativas, argumentando que estas no benefician a los retirados. En respuesta, los policías han intensificado sus protestas, instalando carpas frente a la residencia del gobernador Claudio Vidal en Río Gallegos y realizando cortes de calles.

El jefe de Policía, Diego Agüero, advirtió que se iniciarán sanciones administrativas y, de ser necesario, acciones penales contra quienes mantengan las medidas de fuerza. "El servicio que se cumple es el mínimo posible", afirmó Agüero, destacando que la falta de personal operativo ha obligado a una reorganización completa de la estructura policial. Por su parte, el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, defendió la decisión del Gobierno, asegurando que el aumento representa el máximo esfuerzo financiero posible y advirtiendo sobre posibles denuncias penales contra quienes promuevan la insubordinación.

El conflicto ha generado tensiones políticas, con críticas al gobernador Vidal por su manejo de la crisis. Dirigentes opositores lo calificaron como "el peor gobernador de la historia" y advirtieron que su gestión está en jaque. Mientras tanto, la población enfrenta un impacto directo en la seguridad, con servicios limitados y una fuerza policial en crisis.

Este conflicto se enmarca en una crisis económica más amplia en Santa Cruz, que también afecta a otros sectores como la salud y la educación. Las negociaciones salariales han fracasado en siete ocasiones previas, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas unilaterales. Aunque las autoridades insisten en que el objetivo es normalizar el funcionamiento de la fuerza, los policías autoconvocados mantienen su rechazo y continúan con las protestas.

La situación sigue siendo incierta, y se espera que el conflicto persista mientras no se logre un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En este contexto, la seguridad pública y la estabilidad política de la provincia permanecen en riesgo.