La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sancionó a la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., exconcesionaria del Corredor Vial N° 18, por graves deficiencias en el mantenimiento de las rutas nacionales 12, 14 y 117. Las multas, oficializadas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial el 16 de diciembre de 2025, alcanzan millones de Unidades de Penalización y corresponden a incumplimientos detectados durante la vigencia del contrato de concesión, que finalizó el 9 de abril de 2025.

La sanción más significativa, de 2.883.000 Unidades de Penalización, fue impuesta por la detección de 155 señales verticales deficientes o faltantes en el tramo Ubajay–Río Mocoretá de la Ruta Nacional 14, uno de los corredores más transitados del litoral argentino. Además, la DNV aplicó una multa de 148.000 Unidades de Penalización por la existencia de cuatro baches abiertos de gran tamaño en la Ruta Nacional 12, en la colectora ascendente entre los kilómetros 84 y 84,2, que no fueron reparados antes del vencimiento del contrato.

Otras sanciones incluyen 41.412 Unidades de Penalización por falta de mantenimiento de la señalización horizontal en 84 kilómetros de la Ruta 14 y 138.280 Unidades de Penalización por deficiencias en el Índice de Serviciabilidad Presente en la Ruta 117. Según la DNV, estos incumplimientos fueron constatados mediante relevamientos técnicos y representan un riesgo para la seguridad vial y el confort de los usuarios.

La empresa sancionada presentó descargos argumentando que no era responsable de ciertos tramos, pero la DNV desestimó estas explicaciones, señalando que la concesionaria nunca había sido desvinculada formalmente de sus obligaciones de mantenimiento. Las autoridades remarcaron que la seguridad y la señalización son aspectos clave para la prevención de siniestros viales y que el control estatal sobre las concesionarias es fundamental para garantizar la calidad de la infraestructura.

La aplicación de las multas, incluso después de la finalización de la concesión, generó sorpresa en el sector y reavivó el debate sobre la responsabilidad de las empresas y el rol del Estado en el control de los servicios públicos. El caso podría sentar precedentes para futuras concesiones y sanciones en el ámbito vial argentino.