Todos los condenados en la emblemática causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, se presentaron ante la Justicia y quedaron detenidos tras la confirmación de sus condenas por corrupción. El proceso, que involucra a figuras de alto perfil como la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, marca un hito en la historia judicial argentina.

El plazo para que los condenados se entregaran vencía este miércoles, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal 2. Desde primera hora, los exfuncionarios Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda y otros arribaron a Comodoro Py, donde fueron recibidos por el juez Jorge Gorini y posteriormente trasladados a la cárcel federal de Ezeiza o, en algunos casos, a Río Gallegos.

Las penas impuestas oscilan entre cuatro y seis años de prisión efectiva por administración fraudulenta y defraudación al Estado. Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cumplirá arresto domiciliario en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, bajo estrictas condiciones y monitoreo electrónico. Otros condenados, como José López y Nelson Periotti, solicitaron el mismo beneficio por razones de salud o edad, pedidos que serán evaluados por el Cuerpo Médico Forense.

El daño ocasionado al Estado por las maniobras fraudulentas fue estimado en 85.000 millones de pesos. La causa Vialidad se suma a otros procesos judiciales que involucran a los mismos protagonistas, como la "Ruta del dinero K" y los "cuadernos de la corrupción".

El caso ha generado un intenso debate público y es considerado un precedente en la lucha contra la corrupción política en Argentina. Mientras la defensa de los condenados insiste en la necesidad de beneficios por salud, el tribunal mantiene condiciones estrictas para el cumplimiento de las penas. El seguimiento de la ejecución de las condenas continuará bajo la supervisión del Servicio Penitenciario Federal y la Justicia.