El escándalo por la criptomoneda $LIBRA ha sacudido el ámbito político y financiero argentino tras revelarse que Hayden Davis, creador del token, realizó transferencias millonarias poco después de reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Según el análisis del ingeniero Fernando Molina, Davis transfirió USD 507.400 a una billetera virtual desconocida apenas 42 minutos después de que Milei publicara una foto junto a él en sus redes sociales, el 30 de enero pasado. Además, un día antes del lanzamiento oficial de $LIBRA, el empresario estadounidense envió USD 1.275.000 a través de la plataforma Gate.io, repitiendo un modus operandi que incluyó envíos de pequeñas sumas como prueba antes de transferencias mayores.

Las operaciones, rastreadas por expertos en blockchain y confirmadas por varios especialistas, han generado inquietud en la justicia argentina y estadounidense, que investigan el destino de los fondos y la posible implicación de otros actores. El fiscal Eduardo Taiano ha solicitado colaboración internacional para obtener información sobre Julian Peh, CEO de Kip Protocol, empresa detrás de $LIBRA, y otros involucrados que participaron en el Tech Forum Argentina.

El caso se suma a otros episodios polémicos, como el ingreso de valijas sin control aduanero vinculadas a allegados al gobierno, lo que ha incrementado la presión sobre la administración de Milei. Mientras tanto, el gobierno sostiene que el presidente no estuvo involucrado en las operaciones financieras y que el objetivo del token era financiar pymes argentinas. Sin embargo, la falta de transparencia y el anonimato de las cuentas receptoras han alimentado sospechas de delitos financieros y corrupción.

Expertos del sector cripto, como Maximiliano Firtman y Santiago Siri, han expresado dudas sobre la legitimidad de los movimientos y la identidad de Hayden Davis, señalando la necesidad de ampliar la investigación a otras plataformas y actores internacionales. El escándalo ocurre en un contexto de creciente debilidad política y económica del gobierno, marcado por la desarticulación de alianzas y el aumento de la protesta social. La investigación judicial sigue abierta y podría tener implicaciones significativas para el futuro político y financiero del país.