La Justicia Federal de Quilmes ha intensificado la presión sobre Edesur S.A. tras los reiterados cortes de energía eléctrica que afectan a Berazategui, en el Conurbano bonaerense. El juez Luis Armella resolvió habilitar la feria judicial y exigió a la empresa que, en un plazo de tres días, acredite el cumplimiento de una medida cautelar dictada en marzo de 2023, bajo apercibimiento de sanciones. Esta decisión responde a un reclamo presentado por el intendente Carlos Balor, quien denunció el impacto de los cortes en la provisión de servicios esenciales, especialmente el acceso al agua potable.

Según informes de la Secretaría de Salud municipal, el sistema de abastecimiento de agua depende de bombas eléctricas, por lo que cada interrupción del suministro eléctrico afecta de inmediato a numerosos barrios. Esta situación agrava los riesgos sanitarios y profundiza el impacto social de los cortes, que se han vuelto recurrentes desde 2023. El conflicto judicial no es nuevo: el exintendente Juan José Mussi ya había ampliado la demanda contra Edesur, reclamando inversiones para evitar que los vecinos sigan padeciendo la falta de servicio.

En medio de una crisis eléctrica prolongada desde el 26 de diciembre, la concejal y abogada Sandra Massimino presentó una ampliación del amparo judicial. No solo exige la restitución inmediata del suministro, sino también un resarcimiento en infraestructura: la instalación de paneles solares en los pozos de agua para garantizar la autonomía energética del sistema hídrico. "El daño de dejar a una ciudad sin agua es irreparable con dinero. La empresa debe resarcirnos asegurando que las bombas no dependan nunca más de su red deficiente", sostuvo Massimino.

La presentación judicial también solicita la prohibición del cobro de facturas durante los períodos sin servicio y rechaza cualquier aumento tarifario mientras persista el incumplimiento. Además, exige que Edesur provea grupos electrógenos a electrodependientes, dada la gravedad del riesgo para la salud de personas vulnerables.

Desde el municipio, se valoró la rápida intervención judicial y se ratificó la intención de agotar todas las vías legales para defender los derechos de los vecinos. El caso pone en el centro del debate la responsabilidad de las empresas concesionarias y la necesidad de garantizar servicios esenciales, como el acceso al agua potable, en un contexto de infraestructura eléctrica deficiente. Las próximas resoluciones judiciales serán clave para definir el futuro del servicio en Berazategui y podrían sentar precedentes para otros distritos afectados.