El diputado nacional Federico Pelli, integrante del bloque La Libertad Avanza, fue víctima de una violenta agresión en la localidad de La Madrid, provincia de Tucumán, el pasado 11 de marzo. El incidente ocurrió mientras el legislador realizaba una recorrida junto a dirigentes liberales para asistir a vecinos afectados por las inundaciones en la zona. Según la investigación, Pelli fue interceptado por Marcelo "Pichón" Segura, quien tras un breve intercambio verbal le propinó un fuerte cabezazo en el rostro, provocándole una fractura nasal y un traumatismo encefalocraneano.

El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, lo que incrementó la repercusión pública del caso. Pelli fue trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde los médicos confirmaron que, pese a la gravedad de las lesiones, no sufrió daño cerebral. "Fue una desgracia con suerte", señalaron los profesionales que lo atendieron.

La Justicia provincial, a través del fiscal Miguel Ángel Varela, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía” y dispuso su prisión preventiva por cuatro meses en el penal de Benjamín Paz. La decisión se fundamentó en riesgos de fuga y posibles maniobras para entorpecer la investigación, especialmente por la necesidad de identificar a otros involucrados y recuperar el teléfono móvil del imputado.

El accionar policial durante el incidente fue duramente cuestionado por la querella y el propio Pelli, quienes denunciaron que los agentes presentes no solo no asistieron a la víctima, sino que protegieron al agresor. Por este motivo, se solicitó a la Justicia que se investigue a los policías por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

El caso también abrió un debate sobre la competencia judicial, ya que la Justicia federal y la provincial discrepan sobre cuál debe intervenir. El juez provincial ratificó la competencia local, mientras que el fiscal federal debe definir su postura antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el conflicto.

En tanto, Segura, empleado público con antecedentes penales, utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y anunciar que permanecerá incomunicado durante el tiempo que dure la prisión preventiva. El episodio ha generado un amplio debate sobre la seguridad de los funcionarios, la actuación policial y la administración de justicia en casos de violencia política.